Cambio de placas, desmadre y negocio / Vale al Paraíso
Al gobierno de Aguascalientes se le extravió el estetoscopio. No ausculta los sonidos de la comunidad, maltratada por la incontrolable inseguridad pública y la muy golpeada economía familiar.
A finales de junio del año pasado la bola de nieve empezó a formarse. Los diputados resolvieron que el cambio de placas sería aprobado, dañando con su decisión el bolsillo popular.
El entonces secretario estatal de Finanzas (Sefi), Luis Ricardo Martínez Castañeda, confirmó el gancho al hígado a más de 566 mil propietarios de vehículos de motor registrados en Aguascalientes, según el padrón citado por el funcionario.
Para el legislador Jaime González de León, próximo titular de la Sefi, la imposición era necesaria para devolverse a la sociedad la paz pública –añadiendo-, que no tenía fines recaudatorios.
Pero los números desmienten la cosmética argumentación.
El gobierno recaudará, libres de polvo y paja, 191 millones de pesos por el cambio de placas, a razón de 475 pesos por unidad; además, recibirá 293 millones de pesos por el pago del control vehicular, a razón de 565 pesos por
troca, lo que dará un gran total de 484 millones de pesos, aportados por el contribuyente aguascalentense.
Afortunadamente, no todo son malas noticias, el legislador González de León ya asumió el compromiso de que con 484 millones de pesos recolectados, Aguascalientes presumirá una seguridad pública de primer mundo, equiparable a la disfrutada en Islandia, Austria o Portugal.
Las aireadas reacciones aparecieron en el escenario plural de la inconformidad individual y colectiva, que no metabolizó el dulce envenenado.
“Los diputados están más preocupados por seguir agazapados a sus puestos, que en legislar a favor del pueblo que representan; debe darse marcha atrás al cambio de placas”, destacó social Humberto Martínez Guerra, vicepresidente de la Cámara de Comercio local (El Heraldo de Aguascalientes, 29/06/2017).
La CROM anunció que los trabajadores no podrán pagar el cambio de placas y el control vehicular.
El sindicato patronal de la COPARMEX exigió al gobierno la transparencia necesaria para clarificar los recursos obtenidos por el pago de impuestos y derechos, particularmente, el correspondiente al cambio de placas, que cobrará 400% más del precio comprometido por el proveedor para su fabricación.
En la sesión del pasado jueves 30 de noviembre, el pleno de la LXIII Legislatura aprobó por mayoría (23 votos a favor y 3 en contra) el placazo obligatorio 2018.
Y hace dos semanas empezó el tortuoso víacrusis con la integración de la abultada documentación; la deficiente atención por la falta de personal en la Sefi; la caída de la página web para el pago respectivo, por la insuficiente capacidad del servidor; las retardadas citas (hasta dos meses) para presentar físicamente la unidad; y la confusión en el descuento aplicado al pago.
El desorden interpretado por la sinfónica del desmadre ocasionó la presencia de los gestores ofreciendo en las redes sociales turnos en la fila, trámites y placas de otros estados, como si fuera el Agropecuario de las láminas.
Pero no solo estos facilitadores hacen su agosto en pleno enero, también el gobierno de Aguascalientes le entra al pingüe negocio.
La investigación periodística de La Jornada Aguascalientes (26/12/2017), dio a conocer que la administración estatal adjudicó directamente “a empresa de (León) Guanajuato la elaboración de las nuevas placas”, omitiendo el procedimiento de licitación respectiva, para regalarle la chambita de casi 54 millones a Procesos Gráficos Para Publicidad S.A. de C.V, según la información proporcionada al diario por la Oficialía Mayor, vía transparencia, según el oficio número 45403.
Esto significa, agrega la nota, que “cada juego costará al gobierno estatal 104.25 pesos” y las venderán en 475 pesos.
El gobernador Martín Orozco Sandoval negó la información oficial. Le dio un zape a la transparencia. Contradijo al documento de la Oficialía Mayor, donde asegura que “no obra información alguna relativa a procedimiento de licitación”.
Los integrantes del gabinete estatal no han informado sobre el destino o la venta de las viejas láminas.
Es más, el titular de la Sefi no ha enterado a la comunidad el costo de los engomados del control vehicular, la empresa contratada para tales fines y el tipo de negociación que se utilizó: concurso o adjudicación directa.
Algo muy bueno debe de hacer las empresas de Guanajuato, estado gobernado por el PAN desde el siglo pasado, porque están muy solicitadas por las administraciones panistas de Aguascalientes. Mire otro caso.
El lunes 5 de noviembre de 2016 el Cabildo de Aguascalientes aprobó la concesión del diseño, material y construcción de hasta 100 paraderos para el transporte público a la empresa 220V S. de R.L. de C.V., de León, Guanajuato, representada por Jesús Santoyo Santibañez, y dedicada a la publicidad estática.
El Ejecutivo propone. El Legislativo dispone. El contribuyente paga 1,040 pesos por el cambio de placas y control vehicular. Mala decisión en año electoral. Opinan algunos sensatos panistas en el confesionario de Vale al Paraíso.
Y a propósito, bien decía Julio María Sanguinetti, entonces Presidente de Uruguay: “Muy poco agradecerán el bien que hagamos; nadie reconocerá las desgracias que evitemos y todos recordarán puntualmente aquella frase en que erramos o aquel tropezón en que caímos”.
Porque alguien debe de escribirlo: Hasta la próxima.
marigra1954@gmail.com